USO defiende como derecho fundamental la seguridad y salud en el trabajo

La Confederación Sindical Internacional (CSI), de la que USO forma parte, plantea con motivo del Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, la necesidad de considerarlas un derecho fundamental.

Los datos de siniestralidad laboral en España son alarmantes. España encabeza los datos a nivel europeo, pero es fundamental tener la perspectiva a nivel mundial para percibir la magnitud del problema.

Según datos de la OIT, 2,78 millones de personas mueren cada año por enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo, incluso antes de la pandemia. Eso significa que se producen más de 7.600 muertes por día, más de 300 por hora y más de cinco por minuto. Una muerte relacionada con el trabajo cada 12 segundos.

La pandemia aflora la falta de prevención y las carencias en materia de salud laboral

La pandemia no ha provocado una crisis de salud ocupacional en el lugar de trabajo, sino que ha hecho aflorar la falta de prevención y las carencias en salud laboral.

Más de 17.000 trabajadores sanitarios y sanitarios han muerto a causa del covid-19, según un análisis de marzo de 2021 de Amnistía Internacional, la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y UNI Global Union. En todo el mundo, un trabajador de la salud muere a causa de covid-19 cada 30 minutos. También un informe de febrero de 2021 del sector UNICARE de UNI Global Union, advirtió que el personal de atención social que trabaja en múltiples entornos, con contratos de temporales y en instalaciones con ratios más bajas de personal por cama, tenía tasas más altas de infección y muerte.

Resulta complicado conocer cuántos trabajadores que no son del ámbito sanitario se han contagiado o han muerto a causa del covid-19 a nivel mundial. En muchos países no se ha considerado el contagio como accidente de trabajo o enfermedad profesional en sectores como limpieza, primario, servicios, seguridad, transporte, fuerzas de seguridad y emergencias, etc.

En estos trabajos en primera línea, los casos de covid-19 en el lugar de trabajo suelen atribuirse erróneamente a la “transmisión comunitaria”. Estos sectores, habitualmente precarios y olvidados, considerados esenciales en los primeros momentos de la pandemia, a la hora de tener cobertura y reconocimiento del origen laboral de la enfermedad han vuelto a ser olvidados por los gobiernos, incluido el español.

Otras pandemias en el ámbito laboral

Según la Agencia Europea de la Salud y la Seguridad en el Trabajo (EU-OSHA), en todo el mundo, solo 1 de cada 7 muertes relacionadas con el trabajo se debe a lesiones. El cáncer relacionado con el trabajo supone el 27% y las enfermedades circulatorias, el 28%. En ambas causas de muerte, no suele ser reconocido su origen laboral y no se tienen en cuenta en las cifras oficiales.

Cada año, más de un millón de personas mueren como resultado de la exposición a sustancias peligrosas en el lugar de trabajo. La Organización Internacional del Trabajo estima que 666.000 de estas vidas se cobran por cánceres ocupacionales.

Una nueva generación de trabajadores está muriendo por nuevas exposiciones a viejos peligros: la sílice les está robando el aliento a los trabajadores que fabrican encimeras de cocina de piedra sintética; el mercurio y el plomo han envenenado a los trabajadores de la fabricación de productos electrónicos. Otros desarrollos, como la introducción de nanomateriales y otros productos y tecnologías novedosos como la inteligencia artificial sin evaluaciones de riesgo adecuadas y pruebas a largo plazo, podrían crear un ‘nuevo asbesto’ para la próxima generación.

Al menos 30 estados han exportado sustancias peligrosas prohibidas localmente por razones de salud y ambientales a América Latina, África y Asia, según un informe de 2020 de expertos en derechos humanos de la ONU. La dirección de la exportación de tóxicos es de países ricos a países pobres. Los expertos de la ONU señalan que las naciones más ricas crean dobles raseros que permiten el comercio y el uso de sustancias prohibidas en partes del mundo donde las regulaciones son menos estrictas, externalizando los impactos ambientales y de salud en los más vulnerables.

El coste de la no prevención

En muchos casos, por parte de empresas, Administraciones públicas y Gobiernos, no se tiene en cuenta que el coste de la no prevención es incuantificable, porque hablamos de la vida y la salud de las personas.

Según la OIT, la carga económica de las prácticas deficientes en materia de seguridad y salud en el trabajo se estima en el 3,94% del Producto Interior Bruto mundial cada año, lo que equivale a un coste de más de 2.680 millones de euros.