¿Podemos considerar el acceso a internet como un derecho humano?

A finales de 1948, cuando el recuerdo de la II Guerra Mundial aún estaba fresco, la Asamblea General de la recién creada Naciones Unidas adoptó un texto que se convertiría en hito, referente e ideal: la Declaración Universal de Derechos Humanos. El texto consagraba treinta derechos y libertades universales e inalienables, entre los que se incluían el derecho a la vida, a la igualdad, a la propiedad privada y a la libertad de expresión, entre otros. Derechos que, tal y como los define la propia Organización de Naciones Unidas: «tenemos simplemente porque existimos como seres humanos; no son concedidos por ningún gobierno«.

Aunque la Declaración no ha sido modificada desde entonces, otros derechos han obtenido el estatus de ‘derecho humano’ en los últimos años. Así Naciones Unidas reconoció el derecho al agua en 2010 y a un medio ambiente saludable en 2021.

Ahora, un nuevo derecho, insospechado hace unas décadas, busca también su reconocimiento: el derecho del acceso a la red. «El acceso a internet debería ser reconocido como un derecho humano porque, en nuestra era digital, hay muchos otros derechos humanos, no solo unos pocos, que ya no se pueden realizar de forma adecuada sin acceso a internet», dijo a Equal Times Merten Reglitz, profesor de Ética Global en la Universidad de Birmingham y autor de un artículo científico al respecto.

El académico pone como ejemplo el acceso a la cobertura sanitaria en países en desarrollo como uno de esos derechos que ahora pueden materializarse gracias a la tecnología. «Para algunas personas, especialmente en países en desarrollo, el acceso a internet ha hecho posible tener servicios sanitarios, cuando de otra manera no podrían tener ninguno», asegura Reglitz. La pandemia, continúa el académico, ha puesto de manifiesto que este derecho también es básico en los países más ricos. «Incluso en los países más desarrollados, durante los confinamientos no podíamos realmente ejercer muchas de nuestras libertades si no teníamos acceso a internet, como la libertad de expresión, de asociación, o el derecho a la información».

«Incluso con lo mala que ha sido [la pandemia], imaginen una crisis como esta sin la web. Con acceso a la web, los empleados pueden trabajar desde casa y mantener las economías a flote; los gobiernos y otros son capaces de diseminar información vital para la salud; las familias pueden mantenerse en contacto; los estudiantes, si tienen suerte, pueden continuar sus educaciones intactas y sus sueños vivos con el aprendizaje a distancia. En esta crisis, para quienes lo tienen, la web no es un lujo. Es un salvavidas», aseguraba.

Y sin embargo, esta idea también encuentra detractores. Para estos, el acceso a internet no cumple con los estándares mínimos para ser un derecho humano, por lo que no puede ser considerado intrínseco al ser humano. «Tenemos que ponerlo en contexto. La conectividad a internet, o lo digital, no puede ser considerado como parte de la raza humana. Los derechos y servicios básicos que se deberían reconocer a las personas son más importantes que internet», apunta Neth Daño, directora para Asia del grupo de acción sobre erosión, tecnología y concentración del ETC Group.

El peligro, asegura Daño, es que poner el foco sobre la tecnología -de la que difícilmente se pueden disociar los grandes y poderosos lobbies- puede entorpecer la consecución de otros derechos más básicos. «¿Pueden los pueblos indígenas de zonas remotas, que ni siquiera tienen acceso a electricidad, priorizar la conexión a internet sobre la salud, la educación, la comida e incluso la misma energía?», reflexiona Daño. Así, si se reconoce como un derecho humano, los gobiernos podrían verse en la disyuntiva de tener que asegurar ese acceso antes de haber sido capaces de cubrir elementos más básicos para la vida, argumenta Daño. «Los gobiernos no pueden priorizar internet sobre la electricidad, la comida o la educación», continúa.

«No debería ser un derecho humano como tal. Desde el punto de vista potencial, es verdad que los derechos básicos e internet están conectados. Quien no tenga internet, tendrá menor protección de algunos derechos», asegura Mark Coeckelbergh, profesor de Filosofía en la Universidad de Viena, e investigador sobre la filosofía de la tecnología y los medios.

«Por eso creo que es importante que se reconozca como derecho en nuestro marco legal para que se asegure el acceso. Pero no creo que nunca llegue a tener esa fuerza que tienen los derechos humanos», continúa. La propia Naciones Unidas ha respaldado esta visión en una resolución no vinculante aprobada en 2016 que reconocía la importancia que internet tiene para derechos como la libertad de expresión, la educación, o la libertad de conciencia, y que pedía un «enfoque basado en los derechos humanos para facilitar y ampliar el acceso a internet».

Una historia de aceleración y desequilibrios

Poco después de firmarse la Declaración Universal de Derechos Humanos, otra idea revolucionaria comenzaría a gestarse. En los años 50, los ordenadores se habían convertido en herramientas cada vez más comunes en universidades y centros de defensa, pero aún eran pesadas máquinas estáticas y los académicos tenían que desplazarse a los centros de investigación para utilizarlas.

Fue entonces cuando varios teóricos comenzaron a vislumbrar la posibilidad de conectarlas en red para aumentar las capacidades de los aparatos. Fue el Departamento de Defensa de Estados Unidos quien primero vio el potencial de crear una gran red informática y aprobó el proyecto ARPANET (de las siglas en inglés de Advanced Research Projects Agency Network), que estableció un primer prototipo a finales de los años 60.

El impacto que tendría este prototipo es bien conocido. Hoy en día, internet llega a buena parte del globo terráqueo y en 1995 ya se había convertido en el sistema de comunicación que más rápidamente había crecido de la historia. Las tecnológicas se han colado ya entre los primeros puestos de las empresas más grandes del mundo y Amazon y Apple se codean ahora con los grandes bancos de inversión y las petroleras.

Y sin embargo, muchos aún no saben qué es la red. Aunque la pandemia ha supuesto una aceleración de la digitalización en el mundo, 2.900 millones de personas, o un 37% de la población, nunca ha usado internet, según un reciente informe de Naciones Unidas.

Y muchas, aunque tuvieran acceso, no podrían utilizarlo, añade Neth Daño. «Incluso aunque hubiera conexión a internet, aunque los satélites permitieran llegar a zonas remotas, no sirve de nada si no tienes los dispositivos, como móviles u ordenadores. Y tampoco si no tienes conocimientos para usarlo. Mucha gente no sabe cómo usarlos», afirma.

Y, de nuevo, el riesgo es que las desigualdades se incrementen aún más, asegura Daño. «Estas tecnologías sólo van a aumentar la brecha entre quienes tienen acceso y los que no. Y, sobre todo, entre quienes tienen el control y quienes son usuarios», explica la activista. Es algo patente en la industria del procesamiento de datos, que ya está creando desigualdades en sectores tan sensibles como el de la agricultura y que está imponiendo un ‘neocolonialismo’ desde los países ricos hacia los pobres, denuncia un informe del Transnational Institute. «Quedarse con los datos es permitir que las empresas locales europeas crezcan a expensas de un sur global cada vez más sometido, con unos términos de intercambio que se siguen debilitando, vendiendo materias primas a cambio del consumo tecnológico de la cotidianeidad», asevera el documento.

Esa brecha en la propiedad de la tecnología, que está mayoritariamente en manos de multinacionales y gobiernos, permite además que internet pueda convertirse en una poderosa herramienta de control social y político, algo que se ha visto en el uso cada vez más frecuente de apagones en internet como represión por gobiernos autoritarios o incluso en democracias, como el caso de Cachemira en India.

Para Reglitz, sin embargo, este tipo de fenómenos son equiparables a otras ‘externalidades negativas’ que las industrias generan en el ejercicio de sus actividades, como las medioambientales, y que pueden ser reguladas para minimizarlas. «Las empresas de redes sociales son un fenómeno increíblemente complejo, porque son un negocio privado que opera en la esfera digital», asegura. «[Por ello] los gobiernos tienen la obligación de crear un marco legal en el que las empresas tengan en cuenta los derechos humanos cuando están operando sus negocios», continúa.

La Historia, de hecho, muestra ejemplos similares. «Cuando se desarrolló la radio, los comunistas alemanes quisieron utilizarla para educar a los trabajadores. Pero llegaron los nazis y se sirvieron de ella», recuerda el académico. Así, cualquier tecnología, asegura Reglitz, es una «espada de doble filo» que puede usarse con buenos o malos propósitos. «Pero eso no dice nada en contra de [reconocer] el derecho al acceso. […] Reconocer ese derecho no va a posibilitar esos problemas. De hecho, se convertiría en una herramienta crítica para establecer qué está mal y qué no», concluye.


Por Laura Villadiego  –  Equal Times