El “Black Friday” llega a la seguridad privada en Canarias para quedarse definitivamente o hasta que el Sr. Fernando Clavijo lo permita.

Nada más alejado de la realidad de lo que nos cuenta otra vez Seguridad Integral Canaria y su propietario el Sr. Miguel Ángel Ramírez, en su nota de prensa emitida el pasado viernes. Nota de prensa de la que se ha hecho eco casi la totalidad de los medios de prensa de las Islas.

En ella nos explica, que la solución a los problemas económicos de su empresa pasa por “vender el grueso de su cartera de clientes a la sociedad Sinergias de Vigilancia y Seguridad (SVS), que sigue trabajando con un convenio propio, con salarios inferiores a los suyos, pero que no ha sido anulado por los tribunales”

Debemos recodarle al Sr. Ramírez, por si se ha olvidado o no se ha enterado, que el Convenio Colectivo de Sinergias de Vigilancia y Seguridad (SVS) esta anulado por una sentencia de  AUDIENCIA NACIONAL dictada el 10 de Julio de 2017. Asimismo, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ya actuó en mayo pasado contra Sinergias. El Consejo de Ministros aprobó remitir a la Fiscalía (http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2017/refc20170505.aspx) una denuncia en la que consideraba que podría haber incurrido en un delito contra la Seguridad Social, recogido en el artículo 307 del Código Penal. En concreto, la compañía habría dejado de ingresar cotizaciones a la Seguridad Social porque estaba aplicando un convenio colectivo con condiciones salariales inferiores a las que debía.

¿Por que el Gobierno de Canarias autoriza la cesión de servicios a una empresa que en breve espacio de tiempo está abocada al fracaso? ya que sigue la misma política que Seguridad Integral Canaria. Es más, si tiene que pagarle a SIC estos servicios y esta no obtiene rentabilidad, como tendrá SVS rentabilidad en cuanto salga la sentencia del TS contra su convenio, al cual han recurrido.

Recientemente el Sr. José Miguel Barragán, Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad ha realizado varias declaraciones donde dice que el Gobierno de Canarias “vetara en sus concursos a las empresas que paguen salarios inferiores a los establecidos por el Convenio Colectivo Sectorial” http://www.laprovincia.es/economia/2017/11/16/ejecutivo-veta-empresas-seguridad-paguen/998218.html Sin embargo, permite que miles de trabajadores canarios pasen subrogados de SIC a SVS, con unas condiciones salariales de autentica vergüenza. Esto solo tiene un nombre, el Gobierno de Canarias no cumple lo que dice.

Queremos recordarles que aún tienen pendiente; tanto la empresa Seguridad Integral Canaria como el Sr. Miguel Ángel Ramírez, el juicio que se sigue en el Juzgado Nº 8 de Gran Canaria, cuya titular es la Jueza Victoria Rosell, donde se le imputan a ambos un presunto delito por fraude fiscal de aproximadamente 21 millones de euros. Denuncia presentada por la FTSP-USO.

Los dirigentes de la FTSP-USO, lo tenemos claro, tenemos que seguir denunciado ante la ciudadanía y autoridades públicas, con acciones sindicales contundentes para defender el salario de los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios en estas empresas, no podemos decaer en este esfuerzo y en nuestra lucha contra las “empresas pirata” de este país hasta conseguir erradicar estas malas prácticas laborales. A partir de ahora no estaremos solos, nuestro sindicato, la USO y su nuevo Secretario General, Joaquín Pérez, se han comprometido con nosotros en nuestro último Congreso Confederal para liderar esta batalla.

Todos nuestros delegados, afiliados y trabajadores de nuestros sector tendrán un sitio donde asesorarse, denunciar, debatir ideas y luchar contra este tipo de empresas. Ahí estará la FTSP-USO. Ese es nuestro compromiso.