MANIFESTACIÓN EN DEFENSA DE LAS PENSIONES PÚBLICAS.

Las pensiones de jubilación son un derecho básico de las trabajadoras y trabajadores reconocido en la Constitución, cuyo artículo 50 dice que “Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.”

Pero en la práctica este mandato constitucional –como tantos otros– no tiene efectividad alguna, pues las instituciones del Estado que deberían representar los intereses de la mayoría social y, por tanto, garantizar ese derecho, no lo hacen. Al contrario, con el pretexto de la crisis económica los últimos gobiernos del PSOE y, en mayor medida, del PP han puesto en práctica una serie de políticas con el objetivo, indisimulado y exitoso, de cargar las consecuencias de esa crisis solamente sobre las clases subalternas de la sociedad (trabajadores de todo tipo y condición, pequeños y medianos empresarios, funcionarios y pensionistas), en beneficio exclusivo de la banca y las grandes empresas, los verdaderos responsables del crack económico.

Desde el inicio de la crisis se han perdido en España 30.000 millones en salarios, mientras que los beneficios de los grandes empresarios y financieros han aumentado 14.000 millones. Hoy las rentas del capital en el Estado Español crecen el doble que los salarios. Los ricos se están haciendo inmensamente ricos, a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población.

Los recortes sociales llevados a cabo por el PP y por el PSOE, especialmente las reformas laborales, han abocado a millones de trabajadores activos al paro, la precariedad y la miseria. La misma miseria que está afectando también hoy a una gran mayoría de pensionistas.

ATAQUE SIN PRECEDENTES.- Porque el sistema público de pensiones está sufriendo, debido a estas políticas, un ataque sin precedentes, que perjudica gravemente tanto a las trabajadoras y trabajadores actualmente jubilados como, en mucha mayor medida, a las que se jubilarán en el futuro.

Las pensiones contributivas de la Seguridad Social –las más numerosas– se financian con las cotizaciones aportadas por los empresarios y los trabajadores. Antes de la llegada del PP al Gobierno en diciembre de 2011, estas cotizaciones generaron en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social un superávit de muchos miles de millones de euros. Concretamente, en noviembre de 2011 –el último mes del segundo gobierno de Zapatero–, con cuatro años de crisis y un paro que llegaba a los cuatro millones y medio de personas, la llamada ‘hucha’ de las pensiones, creada para garantizar el pago de las prestaciones en épocas en que lo ingresos fueran inferiores a los gastos, alcanzó su cima de 66.815 millones de euros.

Esa ‘hucha’ seguiría nutriéndose ahora, si el empleo precario y mal pagado, las bonificaciones empresariales de cuotas a la Seguridad Social y otras medidas antisociales no la estuvieran agotando definitivamente.

CRISIS INDUCIDA.- Porque son las políticas económicas de las últimas legislaturas –orientadas a beneficiar los intereses de los capitalistas para explotar cada vez más a los trabajadores y trabajadoras–, las que han incidido gravemente en la llamada “crisis de las pensiones”, una crisis inducida para favorecer a los Fondos Privados de Pensiones, ansiosos de apoderarse de un “negocio” que mueve más de 120 mil millones de euros al año.

El sistema de pensiones públicas es uno de los escasos instrumentos de redistribución de la riqueza que, basado en la solidaridad interterritorial e intergeneracional, debería ser cuidado y preservado con especial atención por los poderes públicos. Las pensiones, además de constituir un factor –todavía muy insuficiente– de cohesión social, son el medio de vida y sustento de uno de los colectivos ciudadanos más vulnerables y juegan un papel cada vez más importante en el ámbito económico, como garantía de demanda de bienes y servicios que, a su vez, son motor de creación de empleo.