LA FTSP-USO FUERZA AL GOBIERNO DE CANARIAS A MODIFICAR LA LICITACIÓN DEL CONCURSO DE SEGURIDAD DE PRESIDENCIA

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la USO (FTSP-USO) ha remitido a Presidencia del Gobierno de Canarias un escrito en el que alerta de las posibles irregularidades que se pueden apreciar en la licitación del concurso para la seguridad privada de sus sedes en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria. Este escrito ha derivado en la modificación del expediente de contratación para la adjudicación del servicio, puesto que no se recogían los criterios establecidos en el artículo 145 de la Ley de Contratación del Sector Público.

Basilio A. Febles, secretario general de la FTSP-USO considera que la modificación realizada por la Viceconsejería de Presidencia supone “un nuevo éxito de nuestra federación que vuelve a poner freno a la incorporación de empresas pirata de seguridad privada en la contratación pública”.

En el escrito remitido el 7 de agosto, la FTSP-USO denunciaba la asignación de 80 puntos a la oferta económica, recordando que “el artículo 145.4 de la ley 9/2017 establece que “en los contratos de servicios del Anexo IV, así como en los contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios relacionados con la calidad deberán representar, al menos, el 51 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 146.”.

Además, señala el hecho de que se otorgaban 10 puntos más a la bolsa de horas, lo que en opinión de la FTSP-USO “sería, en parte, un criterio de precio, puesto que esto supone un coste a la empresa que disminuye su porcentaje de ganancia”.

La FTSP-USO recordaba en el documento presentado a la mesa de contratación que “de una simple lectura de la Ley se desprende que el precio no puede superar el 49% de los criterios de adjudicación, un porcentaje que se supera ampliamente en esta licitación”, instando a la Administración a reconsiderar parcialmente los términos de la licitación abierta para adecuarse a la exigencia legal y a lo solicitado en materia económica por el sindicato.